Las manifestaciones por la renuncia de la presidente de Perú, Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales, han dejado al menos dos muertos y cinco heridos.
Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido y detenido el miércoles 7 por el Congreso.
A dicha terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a los miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región Apurímac, cuna de Boluarte.
Unos atacaban con hondas y piedras, mientras que las fuerzas de seguridad repelían con gases lacrimógenos, según imágenes de medios en el lugar.
El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP.
El ministro de Interior, César Cervantes dijo que por los incidentes se evaluará declarar en emergencia la ciudad de Andahuaylas.
«La vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Reitero mi invocación al diálogo y a deponer la violencia», indicó la presidenta Dina Boluarte en twitter.
En la misma ciudad el sábado las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos.
Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un «paro indefinido» a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la «inmediata libertad» de Castillo.
De acuerdo al Frente Agrario, Castillo «no perpetró ningún golpe de Estado» cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.
En Lima, la policía disperso la tarde del domingo con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron frontis de Congreso gritando lemas como «Castillo no estás solo, el pueblo te respalda», o enseñando pancartas como «Dina y Congreso la misma porquería» ó «Ratas corruptos».
Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
El Congreso, dominado por la derecha, suspendió una sesión la tarde del domingo donde analizaba la situación tras una trifulca entre dos congresista.
Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración.
Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro.
«Hasta ahora la presidenta no ha sido clara en lo que es la gran pregunta: ¿estamos en un gobierno de transición o estamos ante una autoridad que pretende quedarse hasta el 2026?», dijo a la AFP la analista política Giovanna Peñaflor.
La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.
Boluarte no descartó el viernes llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política.
Mientras tanto, crecía la polémica en torno a la versión de un exjefe de gabinete y del abogado de Castillo de que el expresidente estaba dopado al leer el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.
En una supuesta carta que habría redactado en prisión, Castillo sostiene que un médico y enfermeras «camuflados» y una fiscal «sin rostro» (encapuchada) lo «obligaron» a sacarse muestras de sangre el viernes y sábado.
Según dice en la misiva, se negó a colaborar porque temía por su seguridad.
El presidente del Instituto de Medicina Legal, Francisco Brizuela, precisoo que «la pericia (para saber si estaba drogado) no pudo haberse realizado».
Castillo también rechazó «una pericia psicológica y psiquiátrica», agregó.