El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará a implementar los cambios planteados en el Plan B de reforma electoral en abril y concluirá en octubre, así lo aprobó hoy el Comité Técnico creado para cumplir con el decreto publicado el 2 de marzo de este año.
El anteproyecto será sometido a votación en sesión extraordinaria del Consejo General del INE convocada a las 18:00 horas y no coincide con las fechas establecidas en el decreto que ponía como fecha límite el mes de agosto para concluir la reestructura y la modificación normativa, debido a que se perfilaba que la aprobación de la reforma en diciembre y finalmente ocurrió el 22 de febrero.
De acuerdo con el Plan de Trabajo, de abril a octubre se realizará el proyecto de reestructura orgánica conforme a los lineamientos emitidos, considerando las funciones de las Unidades Administrativas Desconcentradas y Centrales. En el mismo período se elaborará el proyecto de compactación de las estructuras no contempladas en la reforma.
La solicitud de opinión y la finalización del diseño y criterio para la designación de vocales se realizará entre julio y octubre.
Entre agosto y octubre, se realizará el cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales. En el mismo periodo se identificarán las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del instituto.
El Órgano Interno de Control tendrá que validar el redimensionamiento y la compactación de la estructura orgánica en octubre y en el periodo agosto-octubre se hará el cambio de adscripción de personal, asignaciones presupuestales y demás bienes.
En cuanto a la adecuación normativa, el cronograma establece que se hará un inventario de todas la normativa del INE desde marzo y hasta abril; entre mayo y junio las Unidades Responsables enviarán al Comité por oficio el listado de las normas sujetas a modificación con los ajustes propuestos y la justificación correspondiente; el mes de septiembre se aprobará en el Comité las propuestas de modificación a las normas administrativas prioritarias, y se determinará el orden en el que se presentarán al Consejo General.
Con información de El Sol de México