La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, señaló que si bien la educación es un derecho humano en sí mismo, representa también un medio, una llave, para alcanzar otros derechos, lo que hace que la alianza entre la educación y los organismos protectores de derechos humanos sea fundamental.
La titular de la SEP, al inaugurar el XXVI Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), acompañada por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, destacó que para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la prioridad es poner en el centro del Sistema Educativo Nacional el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Enfatizó en que el proyecto educativo nacional impulsa los derechos humanos a partir de la Nueva Escuela Mexicana, promueve la equidad, la justicia social y la suma de esfuerzos para avanzar en la construcción de una educación humanista, inclusiva, intercultural, democrática, con igualdad de género, crítica y también de excelencia.
La funcionaria federal señaló que el derecho a la educación tiene cuatro características interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que para la Nueva Escuela Mexicana están involucradas en los servicios educativos, los programas y las estrategias que se impulsan en la SEP.
Dijo también que todos los países enfrentan retos estructurales con relación al derecho a la educación; se deben mejorar los entornos digitales, aumentar los años de escolaridad y apoyar a las comunidades escolares.
Recordó que la pandemia cimbró los procesos educativos en todo el mundo y así surgieron nuevas formas de enseñar y aprender, aun en la distancia. Y en estos procesos, hay que reconocer y valorar el trabajo de maestras y maestros comprometidos con la educación en todo el mundo.
De manera especial, otro reto para la región es la inclusión educativa, entendida como el avance progresivo en la incorporación de poblaciones históricamente excluidas en el acceso a los servicios educativos, ya sea por su diversidad sociocultural y lingüística, condición de movilidad o socioeconómica, género o discapacidad, entre otros factores, puntualizó la secretaria Ramírez Amaya.
En el encuentro internacional, realizado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), su presidenta, Nashieli Ramírez Hernández y coordinadora de la Red de Infancias y Adolescencias de la FIO, destacó el gusto por recibir a 49 personas titulares de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) locales y provenientes de 21 de los 22 países que actualmente integran la federación.
Subrayó que en la actualidad los OPDH evitan retrocesos en la calidad del ejercicio de los derechos humanos, motivan su progresividad y lanzan lejos la guía hacia el efectivo acceso a la justicia para todas las personas en la región.
“Somos parte del Estado, del sistema de pesos y contrapesos, motivamos el control de la constitucionalidad, somos cercanos a las personas y nos debemos a ellas para el mejor uso de los recursos con los que contamos”, puntualizó.
Ricardo Ruiz Suárez, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, dijo que el tema de los derechos humanos es fundamental en todos los sentidos, para la administración de la capital del país y se trabaja cotidianamente para protegerlos.
hizo énfasis en que se tiene comunicación con todas las organizaciones y promotores de los derechos, porque todos buscan el respeto a la libertad, a la justicia, además de que son ellos quienes dan la guía para mejorar las políticas públicas en ese rubro.
Por ello, añadió, los derechos humanos es un tema central del gobierno de la Ciudad de México y se trabaja para que nadie esté por encima de la ley.
La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mónica González Contró, deseó éxito a los participantes y señaló que los acuerdos servirán para mejorar la atención en materia de protección de los derechos humanos en la región.
Recordó que existe una relación histórica entre la UNAM y el sistema Ombudsperson, que ha sido muy fructífera y ha contribuido al beneficio mutuo y de los derechos humanos de las personas.
El defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, señaló que la dignidad de las personas debe ser el fin de todas las políticas públicas de los Estados y los gobiernos que conforman la región, con el objetivo de generar el mayor impacto posible en el bienestar de los individuos.
En base a esto, señaló que los derechos humanos, al igual que la soberanía de los Estados y la dignidad de los pueblos, siempre deben ser defendidos. y quienes defienden los derechos están llamados a reflexionar respecto al futuro comprometido del contexto político y ser cautelosos para evitar errores.