En Irán un tribunal dictó la primera sentencia de muerte contra una persona detenida por participar en las protestas que han envuelto al país en los últimos dos meses,
El Tribunal Revolucionario de Teherán declaró culpable al acusado, cuyo nombre no se dio a conocer, de incendiar una instalación gubernamental y de «enemistad contra Dios», informaron los medios de comunicación estatales.
Por otro lado, un juzgado condenó a 5 personas a penas de entre 5 y 10 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional y el orden público.
Grupos de derechos humanos han advertido que las autoridades podrían estar planeando «ejecuciones precipitadas».
Por lo menos 20 personas se enfrentan actualmente a posibles cargos que les podrían acarrear la muerte, dijo la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, citando informes oficiales.
Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, pidió a la comunidad internacional que tomara medidas urgentes y «advirtiera enérgicamente a la República Islámica de las consecuencias de ejecutar a los manifestantes».
Las protestas contra el régimen clerical iraní estallaron hace dos meses, luego de que se conociera la noticia de la muerte de Mahsa Amini, una joven que había sido detenida por la Policía de la Moral por infringir las estrictas normas del hiyab.
La indignación y malestar que provocó el caso han desatado movilizaciones que se han extendido a 140 ciudades y pueblos y se han convertido en el desafío más importante a la República Islámica en más de una década.
Iran Human Rights calcula que al menos 326 manifestantes, entre ellos 43 niños y 25 mujeres, han muerto en una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad.
La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), que también tiene su sede fuera del país, ha cifrado el número de muertos en 339 y ha dicho que hay otros 15.300 manifestantes detenidos.
Esta misma agrupación ha informado de la muerte de 39 policías y militares.
Los dirigentes iraníes han calificado las protestas como «disturbios» instigados por los enemigos extranjeros del país.
La semana pasada, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, declaró que los «principales responsables» debían ser identificados lo antes posible y condenados a penas que tuvieran un efecto disuasorio para los demás.
Señaló que los «alborotadores» podrían ser acusados de «moharebeh» (enemistad con Dios), «efsad fil-arz» (corrupción en la Tierra) y «baghy» (rebelión armada), todos los cuales pueden ser castigados con la pena de muerte en el sistema jurídico iraní, el cual se basa en la sharía (ley islámica).
Aquellos que posean y utilicen un arma o un arma de fuego, que perturben la seguridad nacional o que maten a alguien podrían recibir «qisas» (represalias en especie), dijo, respondiendo aparentemente a una petición de justicia retributiva de 272 de los 290 miembros del parlamento iraní.
Más de 2,000 personas han sido ya acusadas de participar en los «recientes disturbios», según datos de la judicatura.
El pasado domingo, los medios de comunicación locales citaron a funcionarios judiciales diciendo que 164 personas habían sido acusadas en la provincia sureña de Hormozgan, otras 276 en la provincia central de Markazi y 316 en la vecina Isfahan.