El 25 de octubre de 1937 —aunque el decreto se publicó hasta el 1 de noviembre de ese año— la antigua Secretaría de Guerra y Marina fue nombrada por el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) como la conocemos hoy: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que se reestructuró en su organización interna y funciones. Bajo su égida se encuentra la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), la cual celebra cada 23 de octubre su día nacional, en memoria de nuestros pioneros de la aviación[1].
La institución mexicana se fundó recién terminada la guerra de Independencia el 8 de noviembre de 1821. Se le llamó Secretaría de Estado y de Despacho de Guerra y Marina; la Armada de México se creó hasta 1944, cuando también se fundó a Secretaría de Marina[2].
La SEDENA es un organismo del Poder Ejecutivo Federal. Según el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sus funciones principales son la organización y entrenamiento de las fuerzas armadas, la defensa de país y ayudar a la sociedad civil. En la actualidad, su general secretario es Luis Crescencio Sandoval, cuyo jefe Supremo es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador[3].
El Ejército Mexicano de estos tiempos, a diferencia de su actuación en gobiernos anteriores, ha dado muestras de conciencia social, anticorrupción e institucionalidad, como demostró el 26 de septiembre de 2020, cuando, a seis años de las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, la SEDENA proporcionó a la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa la información sobre los batallones 27 y 35, establecidos en Iguala, en respuesta a los requerimientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes[4].
El Ejército se funda, en su actividad, en valores éticos que hacen posible su existencia y organización, éstos son los que distinguen e identifican a sus miembros, son las características morales que estructuran su origen, su historia y su realidad actual, motivo por el cual el sistema militar es muy rígido, buscando siempre la preservación de la disciplina militar.
No hay que olvidar en esta coyuntura tan delicada en que se encuentra el país, que las Fuerzas Armadas previenen actos como terrorismo y delincuencia organizada que ponen en peligro a la sociedad, trastocando flagrantemente las normas de derecho público, porque son estos grupos con grandes intereses personales y gran capacidad económica los que pretenden sobreponerse al interés superior de la nación[5].
Las fuerzas armadas también tienen como misión realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, en ese sentido han contribuido en la edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes como parte de sus tareas, además de la atención a la población durante desastres y durante los sismos que constantemente afectan a México[6].
En el marco de la obligación de ayudar a la sociedad civil, se encuentra el célebre Plan DN-III-E, el cual es un Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre y está activo desde la crisis humanitaria provocada por el desbordamiento del río Pánuco en 1966.
Durante la administración del actual Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el Ejército Mexicano ha sido un factor fundamental para alcanzar los objetivos del gobierno durante la crisis sanitaria que afecta al mundo, al participar en la distribución, traslado y aplicación de las vacunas contra el COVID-19, acciones que han permitido atender con éxito el Plan de atención, que ha significado al gobierno felicitaciones en el exterior y por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[7]
Actualmente, el Ejercito Mexicano, participa en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales.
La construcción del Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles», nombrado en honor a ese general, héroe de la Revolución mexicana, ha significado el avance de un proyecto que en tiempos de crisis y pandemia no hubiera podido llevarse a cabo y ha representado para el gobierno, un ahorro en recursos. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil, lo cual además de generar empleos, redujo costos y tiempos[8].
El otro proyecto es un tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país que está planeado para detonar el desarrollo turístico, y socio-económico de la región, beneficiando a localidades que por muchos años se han visto relegadas de la inversión pública, y que se espera favorecer y potencializar la mejoría en las condiciones de vida de su población.
Por otro lado, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, ya no solo vigila la seguridad de estos y de las aduanas marítimas, ahora también realiza las funciones administrativas. Esta asignación ha sido polémica, pero ante el comercio e ingreso de drogas, armas y la corrupción en estos puertos de entrada y salida del país, que se incrementaron durante los gobiernos anteriores, se necesita un mayor control y eliminación de dichas actividades que dañan a la población, su salud, seguridad y comprometen la estabilidad del país, y aun considerando que no puede descartarse la probable existencia de corrupción entre algunos militares, estos conocen que están bajo dos leyes: la ley de justicia militar y la ley civil. Por lo que el riesgo a la corrupción se reduce significativamente
La transformación de las misiones de las instituciones armadas se dirige hoy hacia actividades muy específicas que resultan trascendentales para atender los problemas nacionales, en coordinación con las demás instituciones gubernamentales, como el combate a la pobreza extrema, atención a la salud, educación, entre otras tareas, para lo cual aplican en forma permanente y en cada espacio territorial diversas campañas de labor social en beneficio de la población que habita en las áreas más desprotegidas del país.
Debemos recordar que, a lo largo de la historia de este país, las fuerzas armadas han sido y serán la principal institución para la defensa y protección de las mexicanas y los mexicanos, llegando a sacrificar incluso sus vidas con el objetivo de tener una sociedad pacífica, en la que nosotros y las futuras generaciones podamos alcanzar la realización y disfrute efectivo de nuestros derechos humanos.
